En
cumplimiento al resolutivo sexto conjunto de la recomendación 1 VG/2012 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relacionada con el caso Ayotzinapa,
el Gobierno de Guerrero ofreció una disculpa pública a víctimas y familiares,
con el convencimiento de que no deben repetirse ese tipo de actos.
En
un acto de disculpa institucional conjunta con la Secretaría de Seguridad
Pública federal, el gobernador Ángel Aguirre Rivero reiteró su convencimiento
por el respeto a los derechos humanos en todas sus vertientes, y destacó los
avances del apoyo que ha otorgado su gobierno, a través del Plan Integral de
Reparación del Daño.
Ante
víctimas y familiares; representantes de organizaciones civiles y de derechos
humanos, y de los poderes Judicial y Legislativo, así como miembros de su gabinete,
el mandatario estatal enfatizó su compromiso de apoyar y fortalecer la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, así como el mejoramiento de la infraestructura del
plantel, para impulsar la excelencia educativa.
Con
esto, el Gobierno de Guerrero avanza en el cumplimiento de la recomendación de
la CNDH, relacionada con los acontecimientos en la autopista Chilpancingo - Acapulco,
del 12 de diciembre de 2011, hechos que nunca debieron suceder, considerando
que este acto de disculpa pública no representa simulación alguna y se sustenta
en el amplio informe que dio a conocer la secretaría General de Gobierno.
A
partir de la conformación del Comité de Atención Integral, derivado del Plan
Integral de Reparación del Daño, se han entregado 33 indemnizaciones a víctimas
o familiares, determinadas a partir de estándares internacionales en materia de
violación a los derechos humanos; se han relacionado casi un centenar de
atenciones sicológicas, y se han entregado tarjetas de atención preferencial en
los servicios de salud estatales.
Asimismo,
se mejora la actuación y capacitación de los servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil, por lo que ha sido necesario regular el marco normativo
interno, para establecer los lineamientos que deberán observarse para el
procesamiento del lugar de los hechos, así como de los hallazgos y huellas, y
regular el uso de la fuerza.
También
se consideran las actuaciones del personal de seguridad pública en la detención
y puesta a disposición ante el Ministerio Público, así como para hacer saber
sus derechos a víctimas u ofendidos, a las personas detenidas y bajo resguardo
de la autoridad.
Se
modificó, además, el Sistema de Registro de Asignación y Portación de Armas,
para tener un control detallado e individualizado, y se han sostenido reuniones
con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública federal para actualizar
y rediseñar los planes de seguridad operacional, en casos de manifestaciones,
para evitar que se repitan hechos semejantes a los acontecidos en la carretera federal
México-Acapulco.
En
cuanto a sanciones a los probables responsables, se sigue proceso penal a dos
policías ministeriales, de acuerdo con los estudios periciales realizados por
la PGJE, CNDH y Procuraduría General de la República, y corresponde al Poder
Judicial determinar su situación jurídica.
La
PGJE integra diversas averiguaciones previas por la probable comisión de distintos
delitos, entre otros el de tortura, imputados a servidores públicos durante los
acontecimientos del 12 de diciembre de 2011. Además, se conformó un equipo de
especialistas externos para que aporten sus conocimientos jurídicos, a fin de fortalecer
las investigaciones.
Doce
servidores públicos de primer nivel fueron separados de sus cargos, y están
sujetos a investigación administrativa o penal, y 101 han sido sancionados
administrativamente, en función de su grado de responsabilidad.
El Gobierno de Guerrero ha destinado más de 50
millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Escuela Normal de
Ayotzinapa, y optimizar las condiciones de los estudiantes, con el compromiso
de que se mantendrá el apoyo. En este sentido, distintas decisiones se han
tomado conjuntamente con la representación estudiantil y, en su momento, con la
Comisión Civil de Interlocución.
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