La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó y obtuvo de un juez
de Primera Instancia en Materia Penal el auto de formal prisión en contra de
ocho integrantes –entre ellos cuatro mujeres— de un grupo delictivo vinculado a
la comisión del delito de secuestro.
El
Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal fue notificado del auto de formal
prisión en contra de Manuel Ignacio Juárez Castañeda (a) El Marracuis,
Herminio Roque Flores (a) El Botones, Alfredo Maurilio Rojas
Morales, Juan Manuel Avalos Aguilar, Tania Romero Flores, Josefina Morales Mónica,
María Araceli Rojas Morales y Yuridiana Cardona Estrada, todos ellos vinculados
a la organización delictiva que participó en el ataque contra del ex dirigente
de la Canaco.
En
razón de una denuncia telefónica realizada el 10 de febrero pasado, que reportaba
a personas secuestradas en una casa de la colonia Omiltemi de Chilpancingo, fue
que la noche de ese día, la Policía Ministerial y el Grupo Táctico
Antisecuestro implementaron una operatividad coordinada con elementos del
Ejército Mexicano y de la Policía Federal, la cual concluyó con la liberación
de dos víctimas y la detención de los probables responsables, a quienes al
momento de su detención se les aseguraron dos vehículos, una camioneta marca Honda tipo
CRV, color gris y un vehículo marca Nissan, tipo Tiida,
color gris plata, ambos con reporte de robo.
Dos de
los inculpados, en declaración ministerial manifestaron pertenecer a un grupo
de la delincuencia organizada denominado Los Últimos Rojos y
ser liderados por Julio César Guzmán Camacho (a) El Guzmán y
Alejandro Herrera Estrada (a) El Chino, quienes les ordenaban a qué
personas tenían que secuestrar. Añadieron que tenían conocimiento que los
citados sujetos participaron en la agresión que sufrió Pioquinto Damián Huato,
además de que la camioneta Honda CRV de color gris fue
utilizada en el ataque.
En
razón de las evidencias aportadas por el fiscal investigador al momento de
integrar la averiguación previa fue que el juez del conocimiento estimó la
existencia de elementos suficientes para sujetar a proceso penal a los
probables responsables por el delito de secuestro agravado, por lo que a través
del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional se exigirá en las
correspondientes conclusiones acusatorias la imposición de la pena máxima de 60
años de prisión a cada uno de los indiciados.
Con
estas acciones, la fiscalía general guerrerense reafirma su compromiso de
combatir con todo el rigor a los delincuentes, y reitera su llamado a la
sociedad a fomentar la cultura de la denuncia para abatir los índices de
impunidad.
trasfondoinf@hotmail.com
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