El artero asesinato del reconocido empresario, promotor cultural y filántropo César Zambrano Pérez, socio distinguido de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),que se sumó a otros más ocurridos recientemente en contra de mujeres profesionistas e incluso de un integrante de los medios de comunicación, vino a remover las fibras más sensibles de la sociedad que parece estar resuelta a no permitir que sigan ocurriendo este tipo de agresiones.
Es sumamente lamentable y aborrecible que a causa de esta ola de inseguridad y de violencia incontrolable estén perdiendo la vida personas valiosas, dedicadas cien por ciento a trabajar, a generar economía e ingreso para cientos de familias, pero sobre todo exrtaordinarios seres humanos como lo fue César, padre amoroso, ciudadano ejemplar en toda la extensión de la palabra, que ya no estará más con nosotros simplemente porque a unos desalmados se les hizo fácil jalar del gatillo.
Ya en el caso de las dos damas asesinadas recientemente una parte de la sociedad acapulqueña salió a manifestar su indignación y a exigir justicia, como en su momento lo hicieron representantes de los medios de comunicación ante la baja sensible que también sufrieron de uno de sus miembros.
En ese sentido, la clase empresarial no podía quedarse atrás, aunque sus exigencias van más allá de la aplicación de la ley y que se haga justicia. Este domingo, a petición del presidente de Coparmex Acapulco, Jaime Badillo Esamilla, estuvo en este puerto el presidente nacional Gustavo de Hoyos Walther, para solidarizarse con el empresariado acapulqueño pero a la vez llevarse una serie de planteamientos que sintetizan el hartazgo que existe, sobre todo por la impunidad producto de la inacción gubernamental.
Postulados como la aplicación de la pena de muerte en un proceso no mayor a siete días de juicio para quien mate a un inocente, a quien tenga un modo honesto de vivir; renuncia de autoridades si no dan respuesta en un plazo de 30 días, pues está comprobado que sin seguridad no hay nada; no es justificación decir que se está protegiendo a los turistas cuando es a los acapulqueños a quienes nos están matando todos los días.
El ¡ya basta! de la clase empresarial es enérgico, no podemos vivir así cuando es el estado quien tiene la obligación de garantizar la seguridad, como fuerza principal facultada para enfrentar a los delincuentes, pues la sociedad civil paga sus impuestos y con ello los salarios para la manutención de los servidores públicos y sus familias.
Se trata de obligar a que se tomen medidas drásticas, contundentes, sin dejar de ir pensando en la recuperación de espacios públicos para convertirlos en canchas deportivas, bibliotecas, escenarios artísticos u otro tipo de instalaciones para dar opciones de esparcimiento a la juventud, a fin de rescatarla de los vicios y de las garras de los grupos delictivos que los reclutan para usarlos como carne de cañón.
Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!
Enviado desde mi Huawei de Telcel.
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