BAJO FUEGO Polvorín

José Antonio Rivera Rosales


Lejos de haber encontrado una solución, la problemática en Xaltianguis se mantiene en un estado latente que más temprano que tarde hará explosión, con las consecuencias funestas que ello podría acarrear.
Como el lector recordará, la madrugada del martes 7 del mes en curso una fuerza armada ingresó a esa comunidad -que antaño era de las más prósperas del municipio de Acapulco-, donde atacó la base de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), organización a la que le mataron tres de sus elementos de guardia.
Posteriormente atacaron a tiros el vehículo en que se transportaba Ernesto Gallardo, el mando regional de las guardias comunitarias de la UPOEG, quien alcanzó a escapar de la andanada de tiros.
Un dato que llama la atención es que los irruptores masacraron con saña extrema a dos jóvenes comunitarios a quienes tocó la mala suerte de estar de guardia cuando se produjo el ataque, ese martes 7 de mayo a las 05:50 de la mañana.
A la hora de los acontecimientos nadie sabía con exactitud quiénes eran los atacantes, salvo que se hablaba de un grupo delincuencial con el que la UPOEG había tenido escaramuzas previas.
Por la tarde de ese día fue posible saber que, efectivamente, un grupo armado había incursionado en Xaltianguis con apoyo del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), una alianza de guardias comunitarias de diferentes municipios de la entidad.
Para conocer la potencialidad del coctel explosivo que tenemos enfrente, habrá que citar unos antecedentes que ilustran hacia dónde va la evolución de este tipo de alianzas que, a querer o no, podrían ser el preámbulo para la operación de milicias armadas que nada tienen que ver con la seguridad de la población rural del estado.
En el curso de 2018 varios actores sociales promovieron esta alianza de comunitarias en diferentes municipios de la entidad, proceso de integración que tardó casi todo el año. Para noviembre de 2018, ya conformada la organización armada, sus fuerzas incursionaron en la comunidad de Filo de Caballo (y media docena de pueblos adyacentes) para supuestamente combatir a grupos criminales ubicados entre Tlatotepec y Chichihualco.
Más adelante, el 22 de febrero, anunciaron que ingresarían a la capital Chilpancingo para hacer lo propio: combatir a los grupos criminales y pacificar tanto la ciudad capital como sus alrededores. Esa operación se concretaría el 22 de marzo, algo que finalmente no ocurrió.
Al parecer fue más importante lanzar un operativo en Xaltianguis para expulsar a la UPOEG de esa y otras comunidades, con el pretexto de que unas 30 familias locales fueron desplazadas de la comunidad por los comunitarios acantonados allí.
Pero antes sucedió un hecho insólito: el 3 de abril hizo explosión un carro-bomba en la base de los comunitarios, lo que causó daños severos a media docena de vehículos sin causar víctimas humanas. Pero ello ocurrió así debido a que no estallaron los dos tubos explosivos instalados en el vehículo. De lo contrario, probablemente habría causado varias víctimas entre comunitarios y cocineras que les ayudan.
Como quiera que sea, aunque fue minimizado por las autoridades -la alcaldesa Adela Román llegó al extremo de afirmar que no había ocurrido ningún acto terrorista-, el caso es que con víctimas o sin ellas el intento homicida constituye el primer acto terrorista ocurrido en Guerrero, con todas las implicaciones que ello pudiera generar. Hasta la fecha ninguna autoridad judicial ha informado quién o quiénes cometieron tal barbarie ni, mucho menos, se ha procesado a ningún responsable.
El martes 7 de mayo, cuando los irruptores atacaron en Xaltianguis -era un grupo de jóvenes armados con fusiles y con un brazalete rojo usado como distintivo-, el personal policiaco y militar se limitó a hacer presencia con unos 300 hombres aproximadamente, pero nunca detuvieron a los agresores que simplemente se replegaron a lugares menos visibles.
Así, de manera completamente extraña el fiscal Jorge Zuriel de los Santos es la hora en que no ha procedido legalmente por el atentado terrorista ni ha procedido a detener a los jóvenes que cometieron el múltiple homicidio de comunitarios a la vista de todos. Los diputados del Congreso del estado, en tanto, omisos ante esta grave situación, se la pasan peleando cuotas de poder.
En tanto los agresores, con su dirigente Daniel Adame, se instalaron cómodamente en lo que era la base de los comunitarios de la UPOEG y procedieron tomar el control total de la población, seguros de que nadie los molestará. No sólo eso: Adame alardeó de su amistad personal con Adela Román, con un alto mando de la Defensa Nacional y con un alto funcionario del gabinete de López Obrador.
Si observamos con frialdad lo aquí narrado, pareciera que estamos ante una fuerza armada que cuenta con el respaldo de las autoridades federales, estatales y municipales, quienes simplemente se limitaron a instalar una Base de Operaciones Mixtas (BOM), pero en el límite exterior de la comunidad. Al interior, este grupo armado que se presenta como una legítima policía comunitaria se ostenta como la única ley en esa comunidad y se pasea con fusiles de guerra frente a propios y extraños.
Si tomamos como base que el FUPCEG cuenta con un estado de fuerza de 10 mil hombres y la UPOEG con otros 8 mil comunitarios, qué tanto es lo que falta para que se produzca un enfrentamiento entre ambas fuerzas, que ya actúan como milicias armadas.
Por todo ello se imponen unas preguntas: ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el interés que priva en esta anómala situación? ¿Cuándo podría producirse un nuevo encontronazo? ¿Cuánta sangre veremos regarse antes de que la autoridad, especialmente la autoridad federal, intervenga decisivamente?

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