Chilpancingo, Gro., 23 de junio del 2022. La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero para que las Comisiones Legislativas para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por sus enfoques interseccionales, sean parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
En su exposición de motivos, la diputada del PT plantea que estas comisiones contribuyan a mantener la estabilidad del sistema político y a fomentar la fluidez en la toma de decisiones, así como servir como foros oficiales de interlocución que permitan que distintas posturas del partido oficial negocien alrededor de temas específicos, en este caso tratándose de temas relevantes como los derechos humanos, asuntos Indígenas y afromexicanos y los derechos de las niñas y los niños del estado.
“Estamos en una época en que se están vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia de manera flagrante en nuestra entidad federativa, reduciendo así cualquier posibilidad de conflicto o desavenencia en estos temas”, subrayó la diputada.
Mosso Hernández recordó que en el 2006 se creó en México la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a partir de lo cual se estableció el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con unidades responsables de género en las dependencias y entidades de la administración pública federal, y durante el 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Agregó que a partir de la Ley de Acceso y su Reglamento se creó también el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el cual se logra conjuntar a los titulares de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación Pública,} y Salud, así como de la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Mencionó que a partir de la política nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los próximos 20 años nuestro país habrá conformado las condiciones, tanto institucionales como sociales y culturales, para que las mexicanas ejerzan su derecho a vivir una vida libre de violencia, en especial aquellas que están en condiciones de mayor riesgo, sea por su edad, su pertenencia étnica, el color de su piel, su estrato socioeconómico, el lugar geográfico en el que viven o su preferencia sexual y afectiva.
En ese sentido, Mosso Hernández subrayó que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y no puede entenderse como un acto individual y personal, sino como parte del funcionamiento de las sociedades en general, y de la mexicana en particular, cuya finalidad es el control de sus cuerpos y sus vidas.
Por todo lo anterior, la legisladora resaltó la necesidad de que esta política promueva, en conjunto con las instituciones del Estado mexicano, una transformación cultural que logre la construcción de relaciones no violentas entre mujeres y hombres en todos los espacios; que reconozca y valore los nuevos arreglos familiares; que los dote de la legitimidad social que hasta ahora se les ha negado, y se desnormalicen las relaciones violentas como un modo de convivencia aceptado e incluso valorado.
La propuesta plantea reformar la fracción XIII del artículo 40 de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, misma que es analizada en la Comisión Para la Igualdad de Género, para su respectivo dictamen.
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