El calvario de una trabajadora agrícola migrante de Guerrero en Baja California tras un accidente de trabajo

* Herlinda Santiago, quien no habla español, se fracturó una pierna; en el IMSS no la atendieron y en su trabajo la despidieron

Una jornalera agrícola de La Montaña de Guerrero fue despedida sin indemnización, con sólo un finiquito de 3 mil pesos, de su trabajo temporal en un campo de San Quintín, Baja California, luego de que se fracturó una pierna mientras laboraba.

Como Herlinda Santiago Martínez no tiene dinero para regresar a su tierra, una compañera de trabajo, también procedente de Guerrero, le da alojamiento en tanto ocurre algo que cambie su situación.

Ella se fracturó el fémur, el hueso más robusto del cuerpo humano. Estuvo durante 13 días en una clínica del IMSS esperando que la atendieran, pero lo único que le dieron fue paracetamol. Ella y su familia decidieron que era mejor salirse de ese hospital. Regresaron al campamento de la empresa agrícola donde vivía, pero el patrón, en vez de ayudarla, la echó. 

Ahora está sin trabajo, sin medios para regresar a su casa y hacinada en el cuarto que renta una de sus paisanas de Guerrero, quien la alojó ahí cuando la empresa para la que trabajaba le cerró la puerta.

La jornalera agrícola no habla español, informa Cristina Solano, activista e integrante de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales, que da acompañamiento a Herlinda. “La empresa lo sabía, y así la dejaron en la clínica, donde no había un intérprete que la ayudara a entender. Después, nunca fueron a verificar si tenía o no una buena atención. La abandonaron ahí, y estuvo 13 días sólo con paracetamol para el dolor. Después, encima de todo eso, la echaron del campamento donde vivía y al día siguiente le fueron a entregar un finiquito de sólo 3 mil pesos”. 

Los jornaleros suelen migrar de los estados del sur, de donde son originarios y donde residen, hacia los estados del norte, en donde están los campos y las empresas agrícolas, muchas de las cuales exportan sus productos a Estados Unidos. Sólo migran por unos meses, cuando hay trabajo en los campos y las empresas suelen disponer de campamentos para que vivan hacinados en cuartitos diminutos, junto con sus familias. 

De hecho, después de casi dos años de que jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, protestaran por sus deplorables condiciones laborales y de que fueran reprimidos por policías estatales, la CNDH emitió, en 2017, una recomendación a los tres niveles de gobierno, tras constatar que el Estado contribuyó a “la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.

Sin embargo, el caso de Herlinda es una muestra de que los abusos siguen. El 23 de septiembre pasado, Herlinda Santiago se encontraba trabajando en el sector 5, malla 6, de la empresa agrícola Rancho Los Pinos. Estaba haciendo faenas de deshoje. Pisó un tomate podrido. Se resbaló. Su pierna chocó contra uno de los postes metálicos del surco donde hacía la faena. Trató de incorporarse, pero no pudo. Tenía una fractura en la pierna derecha, por encima de la rodilla. 

Pidió auxilio, en su idioma, el mixteco. Su hermana se acercó para ayudarla. Un trabajador del campo agrícola llamó a una ambulancia. El vehículo de emergencias llegó después de una hora. La trasladaron a la Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización (UMFH) 13 del IMSS, en San Quintín. Ahí se negaron a recibirla, con el argumento de que no tenían los medios para atenderla, relata Cristina Solano. 

La trasladaron entonces al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) 8, también del IMSS, donde estuvo 13 días sin más atención médica que el suministro de pastillas para el dolor, asegura la activista.

De acuerdo con el relato de hechos que hizo por escrito el sobrino de Herlinda, Evaristo Santiago Maldonado, para Cristina Solano, la trabajadora estuvo acompañada solo por él. El joven se hacía entender con el personal médico con el poco español que habla.

Era ese sobrino quien se encargaba de darle a Herlinda los cuidados que el personal de la clínica no le proporcionaba. Él la aseaba y le daba de comer. El 2 de octubre, ya desesperados, preguntó cómo iba el caso de su tía.

“Uno de los doctores –narra en el relato Evaristo– me dijo que hasta dentro de dos meses probablemente llegaría el médico que la operaría. Les dije con mi español mocho que no íbamos a esperar más tiempo. Al final un segundo doctor vino y nos aseguró que esperáramos porque al día siguiente llegarían las piezas de fierro que estaban esperando para la operación de mi tía, pero pasaron dos días y no llegó nada”. 

Evaristo y Herlinda decidieron que lo mejor era salirse del hospital. “Entonces los doctores me dijeron (según lo que él alcanzó a entender) que si la sacábamos de ahí, que no nos darían ni receta ni medicamentos y que si un día volvíamos con mi tía, le cortarían la pierna”.

Asustados por las amenazas, decidieron irse de la clínica. “Tuve que sacarla cargando del hospital porque no nos quisieron apoyar ni nada. Tuvimos que pagarle a una persona para que nos pidiera un carro de algo así como Uber y así fue como, el 5 de octubre, como a las 9 de la mañana, llegamos al campamento El Vergel”, cuenta Evaristo en su narración.

Pero ahí tampoco encontraron apoyo. El jefe del campamento, llamado Luis Andrés Huerta Chaires, y una trabajadora social, de nombre Erika Guerrero Valera, les dijeron que ya no tenían derecho a vivienda y que se salieran, porque la mujer podía morir sin atención médica, y ellos no querían hacerse responsables.

Al mediodía salieron del campamento. No tenían a dónde ir. Una de sus paisanas los dejó quedarse en el cuartito que renta. Hasta ahí llegó, al día siguiente, Luis Andrés Huerta a entregarle a Herlinda un cheque de 3 mil pesos que, primero, le dijo, era un apoyo de la empresa. Pero después, cuando logró que la trabajadora le firmara un papel, que al parecer era su renuncia, en la que deslindaba a la empresa de toda responsabilidad, el hombre le dijo que en realidad ese era su finiquito. 

La versión de la empresa

El director general de Rancho Los Pinos, José Antonio Cruz, tiene otra versión: asegura que sí iba una persona hablante de mixteco cuando se “entregó” a Herlinda al IMSS; que la empresa sí estuvo pendiente de su atención, y que fue ella quien no se quiso operar, por sus usos y costumbres; que Herlinda nunca volvió al campamento El Vergel, sino que se fue directo del hospital a una comunidad al lado, donde viven sus paisanos, y que si se le finiquitó fue porque ella ha decidido regresar a su comunidad.

Agrega que, en caso de que Herlinda se atienda y pueda trabajar, las puertas de la empresa están abiertas para ella y que incluso alguien del sindicato de la empresa la buscó en el cuartito donde se encuentra para ofrecerle apoyo para su atención médica. 

Apoyo que llega tarde

Cristina Solano asegura que, una vez que el caso de Herlinda se hizo mediático, la buscaron integrantes del sindicato de la empresa, autoridades del IMSS y de la Secretaría del Trabajo estatal: “la ha estado yendo a ver un médico del IMSS, y me llamó la directora de la clínica 13, Perla Zepeda, para decirme que sus superiores le habían indicado que se le dé a Herlinda la mejor atención, que ofrecen trasladarla al hospital de Tijuana”. 

Ahora sí, agrega, “después de que no la atendieron en un hospital y la tuvieron 13 días en otro sin darle la atención adecuada, ahora sí ya quieren atenderla. Pero Herlinda está muy traumatizada por todo el maltrato que vivió en el hospital y no quiere regresar al IMSS. Nosotros respetamos eso y estamos viendo si conseguimos que la atiendan en un hospital privado o en el Hospital General de Ensenada, de la Secretaría de Salud, porque sí necesita una cirugía para colocarle unos clavos en la pierna”. 

Informa que, en preparación para la cirugía, se le están haciendo estudios en una clínica particular; el IMSS se está haciendo cargo de los traslados y ya la están acompañando dos intérpretes en todo el proceso, “porque es absolutamente falso que ella no se quiere operar; sí quiere y está consciente de lo necesario de la cirugía”. 

Además de esas gestiones para la atención de la salud de Herlinda, pedirán la intervención de la Secretaría del Trabajo federal para que se le restituya su empleo, informa Solano.

xxx Portal editado por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO.- Comunicólogo, maestrante en ciencia política y, diplomado en MKT digital www.facebook.com/trasfondoinformativo, zenon71@hotmail y por canal 11 de cable USAtelecom