TRASFONDO
Por Julio Zenón Flores Salgado
En el año que termina, 2022, el Congreso de Guerrero vivió una de sus mayores crisis políticas, que estuvo a punto de hacerlo naufragar, pero, debe decirse, dio pasos hacia adelante, como nunca ninguna legislatura de la entidad lo pudo hacer.
2022 fue para la LXIII legislatura un año de claroscuros.
Al empezar el año, en enero, su sede parecía zona de guerra: el edificio de la biblioteca lucía en ruinas, como arrasado por un misil ruso o ucraniano, ocultado apenas por una valla de plástico negro, pues había sido derribado en una acción que hasta la fecha no se ha explicado suficientemente y por la cual hay todavía un expediente abierto, a pesar de lo cual, en contraparte, y en un afán por mirar para adelante, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda colocó la primera piedra para su reconstrucción, tras meses de discusión en torno a ese tema.
Pero las ruinas de la biblioteca, que caracterizaron la mayor parte de la imagen física del Poder Legislativo de Guerrero durante el año que termina, eran poca cosa al lado de una crisis que pudo causar ruinas mayores: el desafuero a que se expusieron todos los diputados de la actual legislatura, primero por desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reponer una consulta a los pueblos originarios sobre diversas leyes que les competen y que fueron reformadas sin su consentimiento, relacionadas con la cultura, la educación y la seguridad, entre otros aspectos, y luego, por dar cumplimiento a la orden de los tribunales, pero mal, es decir sin sujetarse a los procedimientos adecuados, por lo cual las reformas volvieron a ser impugnadas, en particular por las policías comunitarias.
Aunque los diputados trataban de minimizar el hecho, incluido el presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, la sanción por desacatar a la Corte era el desafuero de todos los diputado en funciones, por lo cual pudieron haber sido llamados todos los suplentes, allá por mayo, cuando el plazo venció y la Corte no estuvo satisfecha con la forma, por lo cual, para ellos toda la legislatura estaba en desacato y debía ser desaforada de inmediato.
Los diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de Guerrero debieron vivir momentos de angustia al ver que el barco hacía agua. Más aun porque el capitán del navío había perdido capacidad de mando, y los legisladores de todos los partidos estaban desde los primeros meses urdiendo un amotinamiento en cubierta, pues culpaban de sus desaguisados a Sánchez Esquivel.
Los diputados del PRD, del PAN y del PRI, que juntos tienen casi la mitad de las curules que integran el Congreso (21, para ser precisos) se negaron a tener acuerdos, en los temas relevantes que habían estado meses en la congeladora, con el coordinador de la fracción de Morena, que cuenta con 22 diputados y, por tanto, no había posibilidades de sacar las reformas constitucionales, que requerían mayoría calificada, es decir 29 votos.
Algo pasó al interior, que el dinámico ex presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, quien siendo cercano al senador Félix Salgado Macedonio y a las huestes del maestro César Núñez (QEPD), amigo del presidente López Obrador, quien había sido metido con calzador a la actual legislatura, gracias al apoyo de toda su fracción, pues era impugnado por ingresar gracias a una acción afirmativa representando al sector indígena, a pesar de ser de piel clara y ojos azules, lo que motivó una larga lucha de una joven indígena morenista que adujo siempre ser ella quien merecía estar en esa curul.
Algo pasó, que le hizo perder la confianza de una parte de su misma fracción morenista, quienes dejaron de acudir a su convocatoria y al igual que priistas y perredistas y la legisladora panista, lo fueron dejando solo, sin capacidad de acuerdos, y aumentando así el descontento por no poder sacar temas torales de la agenda morenista de Guerrero.
Así, no solo no había auditor general del estado, sino tampoco titulares de áreas estratégicas como Procesos Legislativos, Comunicación Social y Administración y Finanzas, que operaban con encargados del despacho, que no podían ser ratificados por falta de consenso
Para salvar la actual legislatura del naufragio tuvieron que pasar algunas cosas:
1. Morena tuvo que cambiar a su coordinador de fracción y designar a la diputada Yoloczin Domíguez Serna, para recuperar la confianza de los morenistas y de las otras fracciones, para lograr los consensos necesarios para cubrir los puestos vacantes.
2. Tuvo que intervenir el senador Félix Salgado Macedonio en apoyo a la nueva presidenta de la Jucopo de Guerrero, para conseguir una prórroga que les permitiera subsanar las deficiencias de la consulta organizada para cumplir el mandato judicial en torno a las reformas sobre cultura y seguridad de los pueblos originarios y salvar así a los 44 legisladores del desafuero.
3. Se tuvo que abrir el diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (que, por cierto, tampoco pasaba por una buena racha) para no tener que esperar el resultado de la investigación en torno a las responsabilidades legales por la demolición de la biblioteca del Poder Legislativo y que ella pusiera en marcha este mismo año la reconstrucción.
En las nuevas condiciones, una vez conjurado el naufragio del barco legislativo, se hizo la designación del auditor general del estado, se nombró a los órganos técnicos del Congreso del estado (cuatro secretarías), se aprobaron las reformas al Código Civil del estado para legislar en materia de matrimonios igualitarios (que era parte de la agenda de Morena, pero no podía avanzar por la falta de acuerdos).
Adicionalmente, en la nueva etapa, se aprobaron más de 40 asuntos en el pleno (iniciativas, acuerdos y proposiciones), entre ellos la iniciativa del gobierno del estado para declarar la sierra como la Octava Región Económica de Guerrero, demanda histórica de los habitantes de esa región.
Por consenso, se creó la Unidad de Procesos de Consulta del Poder Legislativo, se aprobó la minuta de reformas constitucionales relativas a la Guardia Nacional y se abrió una agenda de reuniones importantes de coordinación y diálogo con organizaciones como la CRAC, Tlachinollan y Alto Balsas.
Un tema que merece un análisis aparte es la aprobación por consenso del presupuesto estatal para 2023, como hacía mucho no ocurría.
Hay que destacar que los avances y consensos no fueron precisamente un paseo por la alameda, pues el depuesto presidente de la Jucopo se enfrascó en insultos a la nueva titular, por lo cual tuvo que intervenir la instancia partidista, que le dictó ciertas medidas de sanción, como la obligación de tomar cursos sobre el respeto a la equidad y contra la violencia política de género.
El balance es contundente: el cambio de titular de la JUCOPO salvó a vida de la actual legislatura.
Para el 2023, la LXIII Legislatura enfrentará nuevos retos, sobre todo a raíz de los cambios en la normatividad del INE, la redistritación, los recursos para la nueva región y los nuevos municipios, y sobre todo, las actividades preelectorales, pues ya varias y varios se frotan las manos para buscar reelegirse, obtener alcaldías o buscar diputaciones federales y hasta alguna de las dos senadurías que estarán en disputa en el 2024; pero de esos hablaremos en otra entrega.
Por lo pronto: Feliz Año Nuevo.
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