Ene/28/2023.
BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales
Aunque pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo resuelto para afrontar con éxito la sucesión de 2024, el sentido común parece mostrar otros escenarios que pudieran complicar el cuadro, especialmente en Guerrero.
Y es que fuera del control gubernamental operan diferentes poderes fácticos como las organizaciones criminales, las guardias comunitarias, las mineras y el movimiento armado que, aunque parece estar replegado, en fecha inesperada podría dar señales de vida.
En principio esta configuración de escenarios prevé la operación impune de los varios grupos criminales que tienen su asiento en el territorio guerrerense y que, por obviedad, son una responsabilidad primaria del gobierno de Evelyn Salgado.
Los casos más relevantes de la actuación sin control de los grupos criminales lo ejemplifican, sin duda, la Familia Michoacana (FM), el Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS), que tienen presencia en la entidad.
Además de esas formaciones criminales, otros grupos locales mantienen control territorial en la Sierra Madre del Sur –en cuya cresta habitan más de cien mil familias-, así como en el centro del estado y en ciudades como Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Con la aprehensión de Ovidio Guzmán, el joven capo responsable de la producción de fentanilo para su exportación a los Estados Unidos, el gobierno de AMLO rompió la tersa relación que mantenía -inexplicablemente, hay que decirlo- con el Cartel de Sinaloa.
Esa captura, a la que el gobierno mexicano se vio obligado por las presiones de la Casa Blanca -en cuyo país mueren cada año cien mil ciudadanos en promedio por el consumo de fentanilo-, vino a romper la aparente cordialidad que existía con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. La consecuencia: una estela de violencia homicida que comenzó a extenderse por todo el país y, por vinculaciones obvias, a Guerrero.
Es de no creerse, por supuesto, pero sólo hay que darle un poco de tiempo para que este escenario turbio comience a cobrar víctimas.
Para compensarlo, el gobierno mexicano tendrá que capturar a alguno de los principales jefes del Cartel Jalisco Nueva Generación y, de paso, de la Familia Michoacana, que mantiene bajo su yugo a los nueve municipios de la Tierra Caliente, región que cuenta con una población aproximada de 240 mil personas.
Así, ante propios y extraños el gobierno podrá argumentar que combate por igual a todos los cárteles y grupos criminales, argumentación que le podrá servir hacia dentro como hacia fuera, sobre todo en tiempos preelectorales.
En ese sentido, estamos por presenciar un fenómeno de recrudecimiento del clima de violencia que va a oscurecer el panorama nacional y particularmente en el estado de Guerrero, donde los operadores de diferentes grupos criminales se han movido a sus anchas sin que ninguna autoridad los moleste.
Este escenario de desasosiego podría tomar forma a partir del segundo semestre de 2023, que es cuando comienza a declinar el poder político del presidente en turno, en este caso López Obrador.
Porque, aunque las encuestas reflejan un alto nivel de popularidads del mandatario, las fracturas al interior de su partido comenzarán a polarizar filias y fobias, lo que se traducirá en rupturas y rebeliones internas que tomarán distancia de las decisiones de su jefe político, quien sin querer generará este caos venidero a partir de sus preferencias personales por uno de los precandidatos a la presidencia.
Así, este escenario de mayor polarización política será aprovechado por las organizaciones criminales que buscarán intervenir en el proceso electoral de 2024. El crimen organizado ya aprendió a jugar sus posiciones en política y la coyuntura en ciernes es una oportunidad inigualable.
Las cosas han cambiado para el crimen, que antes basaba su economía en el tráfico de cocaína y marihuana. Después evolucionó al tráfico de amapola -de donde se derivaba la heroína, de amplio consumo en el mercado norteamericano-. Pero el mercado de la heroína declinó debido a que ingresó a Estados Unidos un nuevo producto: el fentanilo, mucho más barato y potente, pero igualmente mortal. Los principales productores de fentanilo son el CJNG y el CS.
Así Las cosas, los traficantes fueron cambiando sus productos por otros más redituables a la vez que fortalecieron su presencia y control territorial, cual si fueran formaciones guerrilleras. En esta etapa contaron con la complacencia del gobierno de López Obrador, que durante cuatro años no los molestó, lo que propició el fortalecimiento territorial del crimen. Esa combinación de crimen y política configura un escenario explosivo para el segundo semestre de 2023 y todo el año electoral de 2024.
A ello hay que agregar el ingrediente de las guardias comunitarias.
Como ya es público, algunos grupos de comunitarios actúan coaligados con formaciones criminales para defender territorios o, en otros casos, enclaves de población. En algunos de esos casos, las guardias comunitarias constituyen una segunda línea de seguridad de los grupos mafiosos.
En este sentido, las policías comunitarias constituyen parte del problema, no de la solución, lo que ha generado “nichos” o “santuarios” bajo control de tal o cual grupo criminal.
Claro que hay formaciones de comunitarios que sustentan su actuación en decisiones emanadas de asambleas populares, pero son las menos. El gobierno del estado, suponemos que a partir de un diagnóstico erróneo, ha combatido a algunas de esas formaciones con la idea de estar haciendo lo correcto.
Lo cierto es que sólo agregó sal a la herida. Habremos de volver sobre este punto.
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