Chilpancingo, Gro., 12 de enero de 2023.- La diputada Julieta Fernández Márquez propuso adicionar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a efecto de establecer que las personas que trabajan en los Centros de Asistencia Social están debidamente registrados, capacitados y sensibilizados en temas de derechos humanos de los menores, ofreciendo mayores garantías para su protección y salvaguarda de su integridad física.
La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRI refirió que en la actualidad cientos de menores se encuentran privados de cuidados parentales y fuera de su núcleo familiar, a causa de diversos factores sociales, económicos, políticos o culturales, lo que trae como consecuencia que el Estado asuma su protección.
Añadió que el problema de niñas, niños y adolescentes en situación de calle o desamparo es preocupante, como se advierte todos los días en las esquinas de las calles, donde se ve a niños y niñas trabajando como limpia parabrisas, vendiendo diversos productos o pidiendo algún apoyo para su sustento.
Abundó que tal situación pone a los menores en total estado de vulnerabilidad, ya que muchas veces caen en la drogadicción, son objeto de abuso sexual, trata de personas, delinquen e, incluso, son reclutados por el crimen organizado.
Indicó que en el país se han adoptado estrategias para la atención de este grupo en Centros de Asistencia Social, públicos, privados y asociaciones, denominados refugios, albergues o casas hogar, que brindan el servicio de acogimiento residencial temporal para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar.
Sin embargo, expuso que en esta entidad no se tiene información precisa de cuántos Centros de Asistencia Social operan realmente como albergues, ni cuántos han cumplido con los requisitos para ser registrados por la Procuraduría Estatal de Protección a Menores, como tampoco los que son administrados por el Gobierno del Estado a través del DIF Guerrero, cuántos por los municipios y cuántos por asociaciones e instituciones privadas.
Fernández Márquez subrayó que los tres órdenes de gobierno han realizado esfuerzos por implementar acciones legislativas y administrativas para mejorar los estándares de calidad y la operación de estos centros, para que los menores tengan garantizada su integridad física y psicológica, y cubiertos todos sus derechos y necesidades.
La legisladora propone que los Centros de Asistencia Social que operan en el estado y que están enfocados a la atención de niñas, niños y adolescentes, tengan no sólo la obligación de mantener actualizado un registro de su personal, para conocer sus antecedentes personales, laborales y académicos, además de mantener vigente la carta de antecedentes no penales, sino también implementar un sistema de monitoreo digital permanente para prevenir la violencia y abuso de menores.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su respectivo análisis y dictaminación.
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