Por Julio Zenón Flores
Entre estas medidas se encuentra una iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero, que supuestamente busca regular la responsabilidad por los daños ocasionados al medio ambiente, aunque en realidad deja abierta la puerta para que el Estado se deslinde de su obligación de prevenir, sancionar y reparar integralmente las violaciones ambientales, y se limite a cobrar multas simbólicas que no garantizan la restauración de los ecosistemas ni la compensación a las víctimas.
Asimismo, la iniciativa plantea que la Nación tiene la potestad de aprovechar sus propios recursos naturales de acuerdo con sus políticas ambientales, lo cual es una falacia, pues en los hechos el Estado mexicano ha entregado, históricamente, el territorio nacional a las empresas extractivas nacionales y extranjeras, sin consultar ni respetar la voluntad de los pueblos originarios y las comunidades rurales que habitan en las zonas de explotación.
Además, con el fin de mostrar que se preocupan por el cuidado del planeta, en las instalaciones del Poder Legislativo del Estado se realizó la Jornada de Capacitación en Delitos que Afectan al Medio Ambiente y Delitos Conexos, a cargo de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, en coordinación con la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero, lo que da la imagen de que se busca responsabilizar a otras instancias de la atención de los problemas ambientales de la entidad.
Durante el desarrollo de esta actividad, legisladores, funcionarios estatales y sociedad civil coincidieron en que se requiere un compromiso de los tres órdenes de gobierno, instancias involucradas y población en general para evitar la proliferación de delitos ambientales, pero no propusieron ninguna acción concreta ni asumieron ninguna responsabilidad para frenar la deforestación, degradación de bosques y suelos, así como la comercialización indiscriminada de flora y fauna silvestres.
Tampoco se mencionó la importancia de que aplicadores y operadores de las normas en materia ambiental reciban la capacitación adecuada para conocer el impacto que generan los delitos ambientales y las sanciones que ameritan las conductas nocivas en materia ambiental, para que implementen mejores acciones de inspección, vigilancia, prevención, combate y reparación de daños.
Por otro lado, y como parte de la ruta de concientización y protección ambiental, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo “Acuerdo de Escazú y la participación ciudadana en la conservación del medio ambiente”, en la que diputadas y diputados reiteraron el compromiso de la LXIII Legislatura de continuar realizando eventos donde en conjunto las y los legisladores, académicos, expertos y ciudadanía en general, viertan ideas y planteen propuestas para generar mecanismos y una ruta de atención a la problemática de contaminación y para reconocer que la mejora del medio ambiente es pilar fundamental del desarrollo sustentable y sostenible de Guerrero.
Sin embargo, hay que recordar que el Congreso del Estado ha ignorado sistemáticamente las demandas sociales para ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como proteger los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente.
00o00
xxx
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?