La aplastante mayoría de magistrados que analizaron la sugerencia del INE de que los agresores políticos en razón de género no pudieran postularse a la reelección, todos ellos hombres, dieron un revés al órgano electoral y a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al rechazar la propuesta de que al menos los partidos tomaran ese elementoen consideración.
Los cuatro magistrados varones avasallaron a la única magistrada mujer, que sostenía la propuesta, por lo cual el párrafo que se refería a ese tema en la reglamentación electoral queda sin efecto.
El párrafo suprimido señala:
“Previo a la solicitud de registro de candidaturas, los partidos deberán tomar en cuenta si la persona está inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género dispuesto por el Instituto, a efecto de valorar la pertinencia de su postulación por la vía de la elección consecutiva”.
El diario La Jornada publicó este día que por cuatro votos – de magistrados- contra uno de Mónica Soto, fueron modificados los lineamientos del INE para la relección de legisladores, cuyo tema más polémico fue precisamente determinar qué procede en tal escenario de presuntos infractores en materia de violencia política.
Los magistrados dejaron en claro dos asuntos: estar inscrito ahí no cancela, en automático, una candidatura, y será la Sala Superior la que en última instancia determine la procedencia de una postulación o declare algún caso de inelegibilidad.
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