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PROPONEN EN EL CONGRESO DE GUERRERO INCREMENTAR PENAS POR ACTOS DE CRUELDAD HACIA LOS ANIMALES


Chilpancingo, Gro., 26 de octubre de 2023.- Para aumentar la penalidad por conductas y actos crueles hacia los animales, de 9 meses a 11 años de prisión y multa de 655 a 2 mil 184 Unidades de Medida y Actualización Vigente, el diputado Joaquín Badillo Escamilla propone reformar el Código Penal del Estado de Guerrero.

En su propuesta el legislador manifestó que el maltrato o crueldad animal son comportamientos irracionales de una persona hacia éste para causarle sufrimiento, estrés o, incluso la muerte.

Por ello, agregó que el derecho mexicano cada vez más reconoce y amplía los derechos para los animales y muestra de ellos, es que el Poder Judicial Federal ya ha reconocido a los animales como parte de la familia y quienes los adoptan adquiere obligaciones para que tenga salud, comida suficiente, esparcimiento y un lugar confortable donde guarnecerse.

Badillo Escamilla, dijo que en el tipo penal está implícita la prohibición de realizar conductas contra los animales, ya que el maltrato afecta directamente el desarrollo de las personas y debe considerarse un delito contra la familia, ya que cuando se comente repercute moral y psicológicamente en los miembros de la familia dejando secuelas graves y difíciles de superar.

"Los animales de compañía pertenecen y forman parte de la familia así como del pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas por lo que se deben establecer penas que logren inhibir este delito, ya que, al tratarse de una conducta reprochable de todo punto de vista, debe ser castigado de manera enérgica" dijo el diputado.

Explicó que el Código Penal del Estado actualmente establece una pena de 6 meses a 4 años de prisión por el delito de maltrato o crueldad en contra de los animales, por lo que propone aumentar la penalidad de 6 meses a 11 años de prisión, esto para que no sea una práctica común, ya que el maltrato animal es el primer indicio de una persona violenta. 

La iniciativa se turnó a la Comisión legislativa de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

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