Por Julio Zenón Flores Salgado
Si septiembre cerró para Acapulco como el segundo mes más
violento del año al registrar oficialmente 54 asesinatos dolosos, sólo después
de enero de 2023 en que ocurrieron 70 privaciones de la vida en este municipio,
el mes de octubre fue recibido con una emboscada a la policía estatal en la
colonia Vicente Guerrero, ubicada sobre la carretera Acapulco-México, antes de
llevar a Las Cruces.
Si las cifras son de por sí preocupantes para el principal
destino turístico de Guerrero, preocupa aún más observar que si bien se hacen
esfuerzos por frenar el flagelo de la inseguridad, los resultados son y seguirán
siendo raquíticos, mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno no
se tomen en serio la necesidad de aterrizar una estrategia única y coordinada,
más allá de las reuniones en las mesas para la paz.
Y es que si bien es loable ver que la policía estatal está
movilizándose con gran rapidez a los lugares en que estallan los conflictos, en
tanto que la policía municipal de Acapulco prevé una estrategia de prevención
que avizora buenos resultados y que el gobierno federal aporta importantes
contingentes armados de respaldo tanto de la Guardia Nacional como de la Marina
y la Sedena, en la práctica no se observan avances en ese terreno minado.
Para el ciudadano común la única coordinación que se observa
entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno es en la operación TEB
(Todos en bola) que trae a decenas de uniformados, desde soldados, guardias
nacionales y policías estatales hasta los municipales y los ministeriales, “echando
montón” en los lugares de impacto y yendo de un lugar a otro sin mayores
resultados.
Una estrategia de fondo tendría que implicar tanto la rápida
movilización de los policías estatales que tienen buena capacidad de respuesta,
junto con los soldados, marinos e integrantes de la guardia nacional, como una
estrategia de disuasión en los principales municipios a cargo de la corporación
del ayuntamiento, pero sobre todo, resultados en investigaciones, detenciones y
encarcelamientos de delincuentes y esto último es lo que más falta ha hecho.
Por más estrategia que aplique el municipio, a través de la
llamada Fuerza Acapulco, o por más más rápido que llegue la policía estatal y
los soldados a apoyar en caso de algún incidente, la violencia no va disminuir,
mientras no haya detenciones importantes, mientras los delincuentes no sepan
que se les acabó la impunidad, y eso está en el terreno de la Fiscalía General
del Estado (FGE) que no ha dado resultados, hasta ahora.
Si nos alejamos de Acapulco y vemos al estado en su conjunto
nos daremos cuenta de que la FGE no ha presentado avances en ninguno de los casos de impacto, como las
masacres en San Miguel Totolapan, donde asesinaron a un presidente municipal,
su padre y funcionarios o la de San Antonio de las Tejas; ni en los casos de los
ataques a un ex alcalde de Copala en Costa Chica, o a los funcionarios y
familiares asesinados en el camino Iguala Chilpancingo y en la propia capital
del estado, donde hace poco dos directores de área fueron acribillados en un
bar; como tampoco en los 8 feminicidios ni los 9 mutilados ocurridos en septiembre
en Acapulco. No hay detenidos, no hay encarcelados, no hay información de cómo
van los casos, la imagen es de que la FGE no está entendiendo el reto en el que
se encuentra y lo peor es que los diputados no parecen darse cuenta de su
responsabilidad al mantener a una Fiscal profundamente incapaz de dar
resultados.
Y es que si bien no se puede impedir que en toda sociedad
existan desadaptados sociales que optan por el dinero fácil a través de
actividades ilícitas, el que esos desadaptados sepan que si delinquen van a ser
perseguidos y eventualmente encarcelados, genera en automático un impacto disuasivo,
mientras que la impunidad que les concede la forma de actuar de la Fiscalía,
por el contrario, les incentiva a seguir cometiendo delitos e irlos escalando
hasta no dejar a ningún ciudadano a salvo.
Es urgente para Guerrero que la Fiscalía asuma su
responsabilidad, si la Fiscal actual no puede que renuncie, no es malo
reconocer que no es lo mismo aplicar las leyes dentro de una institución muy
controlada como es el Ejército, que en una sociedad tan abierta y porosa como
el estado de Guerrero; la fiscal puede seguir ascendiendo a nuevos rangos en la
Sedena y dejar de desprestigiarse con el desastroso papel que está haciendo en
la Fiscalía.
Y, si en ella no cabe la autocrítica, entonces es hora de
que los diputados locales que la nombraron la llamen a cuentas. Es hora de que
los legisladores dejen de andar soñando con ser alcaldes de sus municipios y
asuman su función en el congreso, que les fue confiado por el pueblo, porque
sólo cuando la Fiscalía funcione adecuadamente, servirá de algo que la policía
estatal ande tan diligente de municipio en municipio, o que en Acapulco se
luzcan patrullas nuevas de colores o que los soldados y marinos lleguen en bola
a los hechos violentos.
En serio.
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