--La propuesta tiene como objetivo central garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras de los trabajadores
Chilpancingo, Guerrero 7 de febrero de 2024.- La diputada Patricia Doroteo Calderón, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Guerrero, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
La iniciativa tiene como objetivo central garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras, reconociendo que esto sólo será posible con un financiamiento adecuado y sostenible a largo plazo.
También busca atender las deficiencias existentes en el actual esquema pensionario de los trabajadores al servicio del Estado, con el fin de garantizar un sistema de seguridad social más justo y sostenible en el tiempo.
Doroteo Calderón destacó la importancia de adaptar el sistema de seguridad social a las necesidades y realidades actuales, asegurando el acceso a este derecho fundamental para todos los servidores públicos del Estado de Guerrero.
La propuesta se fundamenta en el reconocimiento de la seguridad social como un derecho humano fundamental, que debe ser asegurado de manera no discriminatoria y con base en principios de solidaridad y equidad.
Entre los principales aspectos abordados en la iniciativa se encuentran:
Inembargabilidad de las cuotas y aportaciones propiedad de los derechohabientes, salvo en casos determinados por orden judicial.
Ampliación de los créditos para la vivienda, permitiendo diversas modalidades de adquisición o mejora de vivienda.
Responsabilidad del Estado en el financiamiento del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Mejora en la estructura del Instituto, promoviendo políticas de austeridad y profesionalización.
Especificación de las personas con derecho a pensión por viudez y los requisitos para ello.
Eliminación de condicionantes ilegales para adquirir préstamos o créditos.
Obligación del pago de cuotas y aportaciones por parte de las entidades públicas patronales.
Garantía de inversiones de las cuotas y aportaciones para asegurar el derecho a la seguridad social.
Precisión de que las aportaciones son propiedad de los derechohabientes y deben ser administradas correctamente por el Instituto.
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Editado por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO.- Comunicólogo, especializado en periodismo político
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