Por Julio Zenón Flores
El nerviosismo se podía palpar este jueves 19 de septiembre
en el estado de Guerrero, tanto en las autoridades estatales como entre la
población.
Y es que se mezclaron dos ingredientes que pondría los pelos
de punta a cualquiera, por más valiente que se diga: 1) La población ha sufrido
dos sismos el mismo día, el 19 de septiembre, uno en 1985 y otro en 2017, que
aunque de diferente magnitud, causaron daños y sembraron el pánico, rompiendo
con cierta teoría de que era poco probable que se registraran dos sismos en el
mismo lugar en la misma fecha, y 2) La presencia en la capital guerrerense de alumnos
de las normales rurales de todo el país, para conmemorar una década de lucha
por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que alguien
se llevó en un 26 de septiembre de 2014.
El tema del temblor es más bien una referencia lateral que
condimenta el nerviosismo de la gente y su superstición de que en la misma
fecha pudiera ocurrir otro sismo, por lo cual sería conveniente dormir vestido
y con los zapatos puestos. Pareciera más bien una obligación, participar en un
simulacro nacional, en el Día Nacional de Protección Civil, un mero trámite; fingir
que tiembla, que hay heridos, que hay capacidad para evacuar y atender heridos.
El parte tenía que ser “sin novedad”.
El otro tema, sin embargo, no es un mero trámite, ni
lateral, ni burocrático, ni se puede concluir con un frío “sin novedad”. La
primera década de la desaparición en Iguala, de 43 estudiantes, no se puede fingir,
ni los daños ni la capacidad para resolver. Es un problema real y profundo que
duele y que si genera un temblor real tanto en los edificios de gobierno como
entre la población. Tan fuerte es el sismo social que genera Ayotzinapa que
derrumbó un gobernador y a dos partidos políticos del poder: el PRI y el PRD,
que no pudieron siquiera explicar lo que ocurrió aquella noche negra de Iguala
y en medio de su silencio, quizás obligado, perdieron la gubernatura de
Guerrero, uno, y la presidencia de la república el otro.
La FECSUM, en una década de búsqueda sin resultados, es una
papa caliente para la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. No se le puede
escatimar que está actuando con inteligencia al ofrecer una recompensa de 10
millones de pesos a quien de información para localizar a los 43 y emprenda una
nueva búsqueda denominada “hasta encontrarlos”, para mostrar la voluntad
política, que no está cruzada de brazos y que está incluso rebasando por la
izquierda a su jefe político el presidente Andrés Manuel López Obrador, que muy
poca voluntad puso, que puso remilgos hasta para recibir a los padres, que les
quiso imponer hasta el cambio de abogado y que se va, sin cumplir ese acto de
elemental justicia, que prometió al llegar y, no obstante, parece insuficiente
para frenar lo que se espera no se salga de control y no pase de vandalizar
algunos edificios y oficinas públicas, cuyo costo de reparación es mucho más
barato que cualquier vida humana.
El tema de la desaparición, que rebasa con mucho a la
gobernadora, es el quién los desapareció. Si fue o no el Ejército, dado que
había incluso un soldado infiltrado que sabía todos los movimientos de los
estudiantes; su fue o no el crimen organizado, por aquel famoso quinto camión
que llevaría goma de opio hasta Chicago, en lo que estarían implicados los casi
desaparecidos “Guerreros Unidos” o, si fue una decisión tomada al más alto
nivel para desestabilizar al gobierno del PRD, ya que a el gobierno federal lo
encabezaba el PRI y el siguiente año, 2015, habría elecciones, con una Ángel
Aguirre Rivero, sumamente fortalecido, que aseguraba otro sexenio para ese partido
que ahora se debate sin registro.
Esas son las principales incógnitas, la otra, elemental es
si están vivos o no.
Hemos escuchado con frecuencia que estarían muertos, que los
padres ya solo luchan por saber en donde estarían los restos para ponerles
veladoras, y saber dónde ir a honrar su memoria.
Puede ser, pero no necesariamente tiene que ser así. Por un lado,
en Sudamérica hay testimonios de desapariciones durante las guerras sucias que
tardaron décadas en aparecer con vida. Hay también información, en varios
estados, entre ellos Guerrero, Sinaloa y Chiapas, de que los grupos del crimen
organizado son capaces de privar de su libertad a grupos numerosos de personas,
camiones completos de pasajeros, y mantenerlos trabajando como una especie de
esclavos, por el tiempo que se les antoje. En Tierra Caliente, por ejemplo, es
común que esos grupos se lleven a jóvenes y los tengan una semana o dos
trabajando en sus sembradíos ilegales. Por eso debiera descartarse la idea de
buscar restos y poner más énfasis en buscarlos vivos.
Eso mismo hace creer en la posibilidad de que la protesta de
este mes en Guerrero se salga de control, esa es la preocupación de la
gobernadora Evelyn Salgado y por eso está mostrando las dos caras de su
gobierno ante el tema: la voluntad de buscarlos, mientras por el otro muestra
que aumenta la preparación de los policías estatales, con más equipo y
capacitación, de proximidad, le llaman, respetuosa de los derechos humanos, con
protocolos estrictos, pero a fin de cuentas policías que deberán garantizar que
ningún ciudadano de a pie salga afectado con las manifestaciones de los normalistas,
que como se sabe no se les puede pedir tranquilidad ni silencio.
La gobernadora, en este contexto, debe tener claro que, si
se salen de control los hechos, su gobierno también podría correr un grabe
riesgo.
Vaya papa caliente que le heredaron Ángel Aguirre, Peña
Nieto y López Obrador.
1 Comentarios
Muy realista, previsora y objetiva.
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