El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admitido a trámite un recurso presentado por las principales empresas fabricantes de armamento del país en respuesta a una demanda multimillonaria interpuesta por el Gobierno de México. La demanda acusa a las compañías de facilitar, de manera "negligente e ilícita", el tráfico de armas hacia los cárteles de la droga, lo que ha agravado la violencia en territorio mexicano. México exige una compensación de 10 mil millones de dólares por daños.
Las empresas implicadas, entre las que se encuentran Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Interstate Arms y Colt, están acusadas de optar por un comercio irresponsable, ignorando los efectos del contrabando de armas hacia México. A pesar de que un tribunal federal desestimó la demanda en primera instancia, la corte de apelaciones permitió que el caso continuara, lo que ha llevado a que el Tribunal Supremo de EE. UU. tenga ahora la última palabra.
El tribunal deberá determinar si las empresas pueden acogerse a la inmunidad prevista en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005, que protege a los fabricantes de ser responsabilizados por el uso indebido de sus productos. Esta ley fue diseñada para proteger a los fabricantes de demandas relacionadas con crímenes cometidos con armas de fuego legalmente vendidas. La decisión final del Supremo podría conocerse en el verano de 2025 y podría tener implicaciones significativas sobre la interpretación de la ley y la responsabilidad de los fabricantes de armas en Estados Unidos.
El impacto de la demanda en la política internacional y la seguridad
El Gobierno mexicano argumenta que entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas por estas empresas llegan anualmente a su territorio a través de redes de contrabando desde Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, entre el 70% y el 90% de las armas utilizadas en crímenes en México provienen de este tráfico ilegal, lo que dificulta los esfuerzos del país para combatir el narcotráfico y la violencia, ya que en México es extremadamente difícil adquirir armas de manera legal.
La situación de violencia en México ha sido exacerbada desde diciembre de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los cárteles de la droga. Desde entonces, el país ha registrado más de 340 mil asesinatos y cerca de 100 mil desapariciones. México sostiene que la disponibilidad de armas provenientes de EE. UU. ha jugado un papel clave en el incremento de esta violencia.
Repercusiones legales y reacciones en EE. UU.
Las empresas armamentísticas, apoyadas por 27 congresistas y fiscales de estado republicanos, excluyendo al de Ohio, han defendido que la demanda presentada por México no tiene cabida en los tribunales estadounidenses. Argumentan que sus productos se venden legalmente y que no pueden ser responsabilizados por el uso ilegal que se haga de ellos una vez cruzan la frontera. Organizaciones defensoras de los derechos a las armas también se han sumado a este respaldo, subrayando que un fallo adverso podría sentar un precedente peligroso para la industria de armas en Estados Unidos.
El caso está siendo seguido de cerca tanto en EE. UU. como en México, debido a sus implicaciones en las relaciones bilaterales y en la política de seguridad. De dictaminarse a favor de México, podría abrir la puerta a nuevas demandas internacionales contra fabricantes de armas y generar cambios en la regulación del comercio armamentístico. Además, pondría en el centro del debate la responsabilidad de las empresas en el flujo de armas hacia países con altos niveles de violencia y narcotráfico.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan trabajando en la recopilación de pruebas para demostrar cómo el contrabando de armas ha incrementado los índices de criminalidad y violencia en el país, con el objetivo de hacer responsable a las empresas que, según México, han hecho poco para prevenir este tráfico ilícito.
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