El gobierno de México, comparecerá este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, tras agotar opciones internas para frenar la polémica reforma judicial. Este proceso surge de la preocupación de organismos internacionales por el impacto de la reforma en el acceso a la justicia, la independencia judicial y el respeto al Estado de derecho, ámbitos que podrían verse afectados por la elección de jueces mediante candidaturas promovidas mayoritariamente por Morena, el partido en el poder.
A la audiencia, convocada bajo el título "México: Reforma judicial", asistirán representantes del gobierno, colectivos de derechos humanos, asociaciones de jueces y magistrados, así como organizaciones civiles. Las abogadas de derechos humanos Susana Camacho y Marisol Méndez, junto a las magistradas Juana Fuentes Velázquez y María Emilia Molina, destacan la importancia de esta sesión como primer paso en un proceso de posible impacto jurídico y político para el gobierno mexicano. La audiencia se espera intensifique el enfoque de la CIDH sobre la reforma, incrementando su visibilidad internacional y atrayendo atención hacia la posible erosión de la independencia judicial y las afectaciones para víctimas y trabajadores del sistema.
Además, el colectivo mexicano planea solicitar que la CIDH establezca un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para supervisar la implementación de la reforma y emitir informes sobre su desarrollo. De ser necesario, la CIDH podría elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya resolución sería vinculante.
Marisol Méndez subraya que la reforma no soluciona problemas estructurales, como la falta de autonomía en las fiscalías, mientras la magistrada Juana Fuentes critica el desconocimiento de la garantía de inamovilidad y el mérito en la carrera judicial. En tanto, la magistrada María Emilia Molina señala que la reforma supone una regresión en términos de paridad de género, afectando la participación de las mujeres en la judicatura.
Se anticipa que la audiencia marque el inicio de un proceso de monitoreo por parte de la CIDH, con potenciales repercusiones internacionales en caso de que México desestime las recomendaciones que emita la comisión.
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