Por Julio Zenón Flores Salgado
La propuesta del ayuntamiento de Acapulco de embargar 19
hoteles abandonados despierta, de inmediato, un debate que oscila entre la
necesidad de recuperación urbana y el fantasma de la corrupción institucional.
Sobre el papel, la medida parece lógica: hoteles sin uso que no pagan
impuestos, una ciudad en crisis que necesita recursos y un gobierno que busca,
al menos en teoría, restaurar la funcionalidad de su economía turística. Pero
la historia enseña que en Guerrero, las cosas rara vez son tan simples.
Las Promesas del Embargo
Para el gobierno municipal, la estrategia tiene un
atractivo innegable. La ejecución de embargos sobre inmuebles que llevan años
en el abandono permitiría al ayuntamiento recaudar recursos mediante subastas,
fondos que podrían destinarse a la reconstrucción de infraestructura clave tras
los estragos dejados por los huracanes Otis y John. A ello se suma la potencial
revitalización del sector hotelero: nuevos dueños, inversión fresca y una
reactivación del empleo en un puerto cuya economía sigue golpeada.
La ubicación de estos hoteles en zonas privilegiadas de
Acapulco, como Caleta y la costera Miguel Alemán, haría aún más atractivo el
esquema. En un escenario ideal, empresarios con visión adquirirían las
propiedades y las convertirían en motores de desarrollo. Pero Guerrero no es
Suiza, y lo que en un mundo ideal podría ser una solución pragmática, en la
realidad política de Acapulco podría degenerar en un desastre administrativo.
El Riesgo de la Opacidad y el Despojo
No hay que escarbar demasiado en la historia reciente del
municipio para encontrar ejemplos de medidas similares que terminaron en
escándalo. Durante la administración de Alberto López Rosas, el ayuntamiento
embargó inmuebles en circunstancias similares, bajo el argumento de que
llevaban años sin actividad ni pago de impuestos. La iniciativa generó ingresos
inmediatos para el municipio, pero con un problema de fondo: los nuevos
propietarios resultaron ser funcionarios y allegados al poder, quienes compraron
a precios irrisorios y, en algunos casos, revendieron con enormes ganancias.
Los verdaderos dueños, muchos de ellos residentes en el
extranjero, se encontraron de pronto sin propiedades y enfrentaron largos
litigios para recuperar lo que era suyo. El resultado: un ayuntamiento obligado
a devolver dinero, inversionistas que tuvieron que litigar por años, y un
desprestigio institucional que aún resuena en la política local.
Si la administración de Abelina López Rodríguez pretende
evitar un desastre similar, debe comprender que el diablo está en los detalles.
No bastan las buenas intenciones; la ejecución de la medida determinará si esto
será una reactivación legítima o un despojo institucionalizado.
Condiciones para un Proceso Transparente
Si el embargo de estos hoteles es inevitable, debe
ejecutarse con reglas claras y mecanismos de supervisión que impidan la
repetición de viejas prácticas. Para ello, se requieren al menos cuatro
garantías básicas:
- Notificación
Pública y Oportuna: Antes de cualquier embargo, los propietarios deben ser
informados mediante notificaciones fehacientes y procedimientos legales
que les permitan responder y regularizar su situación.
- Subastas
Abiertas y Competitivas: La venta de estos inmuebles debe realizarse
mediante subastas públicas con reglas transparentes, garantizando que no
haya privilegios para compradores vinculados con el poder.
- Uso
Específico de los Recursos: Cada peso obtenido de estas ventas debe tener
un destino claro, fiscalizable, y orientado a la reconstrucción de
Acapulco, no a gastos operativos o clientelismo político.
- Vigilancia
Independiente: La supervisión de este proceso no puede quedar en manos del
propio ayuntamiento. Se requiere la intervención de organismos ciudadanos
y mecanismos de rendición de cuentas para evitar distorsiones.
Conclusión
La reactivación de Acapulco es una necesidad ineludible,
pero el cómo se haga determinará el éxito o el fracaso de la medida. Un embargo
sin reglas claras y con precedentes de corrupción solo abriría la puerta a
nuevos litigios y desconfianza social. El reto de la administración de Abelina
López Rodríguez no es menor: demostrar que se puede actuar con eficiencia sin
caer en las prácticas del pasado. Porque en Guerrero, la línea entre la
recuperación y el despojo suele ser demasiado delgada.
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