BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales
La experiencia ha demostrado que el crimen organizado sólo puede prosperar al amparo del poder público. Esa es una verdad irrefutable.
Ningun gobierno, de izquierda o de derecha, puede presumirse ajeno a la expansión de la delincuencia organizada en México, con toda la cauda de muerte y destrucción que le acompaña.
Cuando se estudia el fenómeno de la delincuencia en México, con el paso de los años se descubren hilos conductores entre funcionarios de gobierno -de los tres órdenes-, políticos en su mayor parte, con la criminalidad.
Por eso es inverosímil que los gobiernos en turno de Jalisco, como en otros estados de la república, argumenten que no se percataron de la existencia del rancho de Teuchitlán, situado a unos 60 kilómetros de Guadalajara.
En todos los casos, los primeros que se percatan de las irregularidades y los movimientos delincuenciales son las policías municipales y, en seguida, las corporaciones estatales. Por lo regular las policías municipales -como ocurre en Acapulco, por ejemplo- son las que tienen el control territorial. Por eso son valiosas para el crimen organizado.
En el caso de Techiutlan, de manera paulatina han surgido testimonios de sobrevivientes que ofrecen datos duros de lo ocurrido en ese campo de adiestramiento y exterminio, aunque algunos personeros de la 4T han querido negarlo -como el abyecto Gerardo Fernández Noroña, que salió a decir que encontrar zapatos y ropa no implica que sus dueños hayan muerto-.
El caso es que una sobreviviente -una joven que escapó de ese lugar- dio cuenta de que ese centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) existe desde 2012 o 2013. También confirmó que muchos jóvenes desaparecidos –hombres y mujeres- fueron asesinados en ese centro de exterminio.
Un caso que llamó la atención es el de cinco jóvenes que fueron de excursión a Lagos de Moreno –cinco jovencitos, casi adolescentes- fueron obligados a matarse entre sí, sólo para divertir a los jefes de ese centro de espanto.
Ese rancho estuvo operando al menos durante dos gobiernos estatales consecutivos: la gestión de Aristóteles Sandoval Díaz (PRI-PVEM) y de Enrique Alfaro Ramirez (MC), desde 2012 a la fecha. Así que las siglas partidarias no significan nada a la hora de encubrir graves delitos, como es el caso.
¿Acaso ninguno de los dos gobernadores se percató de la existencia de esos campos de exterminio? ¿Ninguna de las policias municipales y estatales se dio cuenta? ¿Ninguno de los servicios de inteligencia locales (que los hay) o federales? ¿Durante todo el gobierno de López Obrador, la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, tampoco se dio cuenta?
Es precisamente la SSP-PC, ahora a cargo de Omar García Harfuch, la dependencia que cuenta con la mayor infraestructura de inteligencia y operaciones -apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Guardia Naciona(GN)-, sobre la que recaen las sospechas a partir de que desde septiembre de 2024 ese inmueble fue intervenido y arrestados más de diez sicarios con armas largas. Pero después el inmueble fue abandonado ¿Qué paso ahí?
Una investigadora, Alejandra Guillen, reveló ante el portal A dónde van los desaparecidos, que lo de Techiutlán es parte de una metodología más amplia que utiliza el crimen organizado para construir cuadros de sicariato o, si los prospectos no muestran aptitudes, eliminarlos. Una fenomenología parecida, dijo, ha sido observada en otros centros similares, como en Tala, otro municipio jalisciense donde el CJNG ha hecho lo mismo.
Y es una metodología criminal que ha proliferado en otros estados del país, como en Guerrero, donde hace unos días el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció que existe una fosa clandestina en una montaña ubicada entre Chilapa y Zitlala, donde probablemente están sepultados cientos de cuerpos. Algo que debería investigar la SSP-PC y/o la Fiscalía General de la República (FGR).
Así que trátese del partido que se trate, el caso es que la élite política capturada por la partidocracia corrupta simplemente seguirá haciendo de las suyas para aprovechar los beneficios que pueda ofrecerle la delincuencia organizada, que son muchos.
En algunos casos, el crimen organizado forma parte intrinseca de los gobiernos en turno, como ha sucedido en Acapulco y Chilpancingo.
En este sentido, en particular algunos partidos políticos -PRI y PRD, incuestionablemente- se han convertido en parte del crimen organizado, lo que los transforma en expoliadores de la sociedad. Es decir, en enemigos de la comunidad guerrerense.
Sólo basta revisar los acontecimientos funestos de Ayotzinapa, donde ambos partidos tienen una responsabilidad que jamás se sacudirán de encima, a pesar de los discursos y palabras melosas con las que tratan de engañar a los votantes potenciales.
Esa una responsabilidad histórica que debe ser afrontada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya veremos cómo lo combate el gobierno de la república.
Todos los mexicanos con seguridad estarán pendientes de las decisiones que tome la primera mujer presidenta para combatir al principal enemigo d
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